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DECISIÓN JUDICIAL HISTÓRICA EN TARTAGAL: LA JUEZA EUGENIA HERNÁNDEZ FRENÓ 34 JUICIOS EJECUTIVOS Y DENUNCIÓ PENALMENTE UNA RED DE PRESUNTA USURA**

En resolución de enorme trascendencia institucional y profundo sentido social, la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tartagal, Dra. Eugenia Hernández, resolvió suspender de manera preventiva 34 juicios ejecutivos individuales y denunciar penalmente una presunta maniobra de intermediación financiera no autorizada y usura.

DECISIÓN JUDICIAL HISTÓRICA EN TARTAGAL: LA JUEZA EUGENIA HERNÁNDEZ FRENÓ 34 JUICIOS EJECUTIVOS Y DENUNCIÓ PENALMENTE UNA RED DE PRESUNTA USURA**

En resolución de enorme trascendencia institucional y profundo sentido social, la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tartagal, Dra. Eugenia Hernández, resolvió suspender de manera preventiva 34 juicios ejecutivos individuales y denunciar penalmente una presunta maniobra de intermediación financiera no autorizada y usura.

Esto perjudica a decenas de familias y trabajadores de la zona.
La determinación de la magistrada se gestó tras un riguroso seguimiento en la mesa de entradas del juzgado, donde detectó una sospechosa habitualidad procesal: un mismo particular se presentaba de manera reiterada como acreedor iniciando demandas de cobro contra ciudadanos locales respaldado en pagarés. 
Al intimar al demandante para que acreditara el origen lícito de los fondos y los términos contractuales de los créditos, la jueza constató que se imponían tasas de interés abusivas, con recargos que oscilaban entre el 310% y el 360% anual. Ante la evidencia de operaciones financieras ofrecidas públicamente al margen de las habilitaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Hernández remitió todas las actuaciones y pruebas documentales al Ministerio Público Fiscal, ratificando un principio rector: los estrados de la Justicia no pueden ser utilizados como engranaje para convalidar o ejecutar contratos nacidos de una causa ilícita.
Para los trabajadores, docentes, policías, empleados públicos y familias de Tartagal y de todo el departamento General San Martín a lo largo del corredor de la Ruta Nacional 34, la medida judicial pone un freno urgente a un circuito de asfixia económica que venía empujando al abismo a los hogares asalariados.
Durante su intervención, la magistrada trazó un cuadro de situación alarmante: su juzgado tramita un promedio de hasta tres pedidos semanales de quiebra directa, iniciados principalmente por trabajadores con sueldos bancarizados. Frente al deterioro de los ingresos y la escalada inflacionaria, los vecinos se ven forzados a tomar créditos para cubrir necesidades básicas e impostergables —como alimentos, remedios, servicios esenciales o la educación de sus hijos—; sin embargo, al percibir sus haberes, los débitos automáticos consumían el 100% de los sueldos, dejándolos en la indigencia y empujándolos a los brazos de prestamistas informales con exigencias usurarias.
Frente a este escenario de desprotección, el juzgado civil tartagalense sentó un precedente fundamental en materia de tutela de los derechos humanos y resguardo de la subsistencia: en los concursos y quiebras en trámite, impuso medidas cautelares estrictas que limitan las retenciones bancarias a un tope máximo del 20% del salario neto, blindando un 80% intangible para asegurar la comida y el techo de las familias.
En comunidades articuladas sobre la red del norte salteño como Tartagal, General Enrique Mosconi, General Ballivián, Campamento Vespucio, Coronel Cornejo, Aguaray, Profesor Salvador Mazza, Embarcación, Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán, la decisión de frenar estas 34 ejecuciones comerciales y sentar a los prestamistas ante los fiscales penales representa un alivio directo para hogares que estaban al borde de perder sus únicas viviendas y pertenencias.

*LOS PUNTOS CLAVE DEL FALLO Y LA DENUNCIA PENAL: *
*34 juicios ejecutivos frenados: * La jueza civil Eugenia Hernández paralizó las demandas iniciadas por un particular que utilizaba pagarés para cobrar deudas presuntamente ilícitas.
*Intereses usurarios del 310% al 360%: * La Justicia comprobó tasas usurarias desproporcionadas y operaciones financieras al margen de las autorizaciones del BCRA.
*Denuncia ante el Ministerio Público Fiscal: * Remitieron todas las actuaciones para investigar penalmente a los prestamistas por intermediación financiera irregular y usura.
*Alerta por quiebras familiares: * Advierten que se tramitan hasta tres pedidos de quiebra directa por semana en Tartagal, afectando a docentes, policías y empleados públicos.
*Protección del 80% del salario: * El tribunal estableció un tope de embargo bancario de no más del 20% de los haberes para resguardar el carácter alimentario del sueldo en la Ruta 34.

Frenar los abusos financieros y resguardar la subsistencia de los sectores del trabajo es indispensable para sostener la paz social. Profundizar las investigaciones del Ministerio Público Fiscal sobre las redes de créditos irregulares en los departamentos General San Martín y Orán a lo largo de las rutas 34 y 50, controlar la publicidad engañosa de prestamistas en los medios locales, y consolidar fallos con perspectiva social que prioricen el carácter alimentario del sueldo defiende el esfuerzo diario de docentes, policías y trabajadores, garantizando que la ley actúe como escudo protector de la comunidad y no como herramienta de despojo para nuestras familias.

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